La economía solidaria y la inclusión financiera en Colombia

¿Sabías que hay más de 900.000 cooperativas con cerca de 800 millones de miembros en más de 100 países?

Dentro de la economía solidaria, las cooperativas han tomado mayor relevancia en los últimos años debido a los principios que la rigen:

Sobre economía solidaria

La economía solidaria en Colombia según la Ley 454 de 1998 se define como un sistema socioeconómico, cultural y ambiental conformado por el conjunto de fuerzas sociales organizadas en formas asociativas. Se identifica por tener prácticas autogestionadas, solidarias, democráticas y sin ánimo de lucro.

Es decir, que las organizaciones de economía solidaria plantean un paradigma de desarrollo que gira en torno al bienestar del ser humano, la justicia social y la sostenibilidad de las comunidades.

Según la Banca de las Oportunidades en el último reporte de (2022), se encontró que la instalación de corresponsales bancarios y de empresas de giros postales están presentes en todos los municipios del país y cumplen un papel fundamental a la hora de brindar algunos servicios y productos financieros para las zonas especialmente apartadas del país, donde estos servicios son casi inexistentes a través de entidades financieras.

Sin embargo, para el caso de la economía solidaria el reporte arrojó que hay una disminución en el acceso a productos financieros de parte de estas entidades de 10 puntos porcentuales, a pesar de que en cuanto al uso de productos financieros aumentó en un 0,1 pp.

Por lo anterior podemos concluir, que la economía solidaria debería fortalecerse y proponer transformaciones en las zonas rurales del país.

Bajo esta mirada, interesa llamar la atención frente a lo que está pendiente en términos de las rendiciones de cuentas de algunas iniciativas que se han venido desarrollando en los últimos cinco años como alternativa de desarrollo e inclusión, como por ejemplo:

A continuación, se recogen algunas posibilidades para organizaciones interesadas en apoyar la inclusión de las economías populares y comunitarias en el marco de diversas iniciativas que por múltiples razones no se han podido llevar a cabo como la reforma rural integral, algunos de los compromisos asumidos con la firma de los Acuerdos de paz y de aquellos planes nacionales que abordan la ruralidad y su inclusión en las políticas sociales, económicas y financieras del país.

1. Apoyar y promover la política pública que enmarque el diseño de un sistema de información y apoyo para la inclusión financiera amplio para que el intercambio de la información se extienda más allá del sistema financiero a través de un Open Data dentro de la ya existente política pública para la economía solidaria (CONPES 4051 de 2021) para garantizar los derechos de aquellas personas que hacen parte de la economía popular y comunitaria, así como la de la economía solidaria, teniendo en cuenta el papel de la Asociatividad Solidaria para la Paz (ASPP). Su foco poblacional se centra en mujeres, personas en proceso de reincorporación y jóvenes para que sean beneficiarias de programas de acompañamiento y apoyo financiero a través del Fondo Mujer Emprende que pasará a llamarse Mujer Libre y Productiva tras haberse aprobado en el Congreso de la República el Plan Nacional de Desarrollo.


2. Reconocer e invitar a otros actores relevantes en pro de gestionar procesos que involucren a este sector, que permita abarcar aquellos sectores sociales a los que la banca tradicional le ha sido difícil involucrar como es el caso de las zonas rurales dispersas del país, en las que fondos y asociaciones mutuales hacen mayor presencia. Generar estas alianzas podría ser un buen inicio para la inclusión financiera de estos territorios rurales y como forma de avanzar en el reconocimiento de las economías populares y comunitarias según el propósito planteado en el PND 2022-2026.


3. Diseñar y desarrollar procesos de formación y fortalecimiento de capacidades sobre el sector solidario y la inclusión financiera que vienen adelantándose desde otros sectores económicos para eliminar las brechas de desigualdad en cuanto al acceso, uso, calidad y bienestar de las personas con relación a servicios y productos financieros que les permitan mejorar sus condiciones de vida y promuevan así el desarrollo de las regiones. En este sentido, se espera que la educación financiera tenga un enfoque que relacione la equidad de género e impacto social, así como, a través de otras estrategias, contribuir a aumentar el conocimiento sobre el manejo del dinero y aquellas personas de sectores rurales cuenten con una aproximación clara al sistema financiero.


4. Adelantar investigaciones sobre el impacto que tiene la economía solidaria en la inclusión financiera de personas en territorios rurales, cuyo foco tenga en cuenta el análisis con perspectiva de género e interseccional, haciendo énfasis en las dinámicas rurales y comunitarias de los territorios, en los que las mujeres y otras poblaciones vulnerables son los principales actores. De esa manera, ampliar el conocimiento que se tiene sobre estas economías y reconocer las diferencias con las economías populares y comunitarias planteadas por el gobierno actual y de cómo pueden existir sinergias de trabajo para garantizar acceso a derechos y servicios públicos y privados de apoyo a los emprendimientos rurales. Así se podrá encontrar mecanismos para garantizar la sostenibilidad de los emprendimientos en el tiempo y de esa forma, apoyar en el desarrollo y la inclusión social, económica y financiera de los territorios.


5. Lo anterior, también en aras de alimentar el diagnóstico en el ámbito local, departamental, regional y nacional que permita comprender dinámicas comunes y diferenciales entre los territorios, así como las posibles alternativas que surjan de esas investigaciones para el diseño y ejecución de políticas públicas que generen transformaciones y promuevan la inclusión financiera de las zonas rurales del país a las que el acceso a servicios, productos y educación financiera continúa siendo una dificultad y un reto importante para el desarrollo de estos territorios. Estos diagnósticos deben estar acompañados de procesos de seguimiento y monitoreo una vez se tengan los resultados de los territorios que podrían priorizarse.Desde la Mesa de trabajo sobre inclusión financiera, que ha venido consolidándose con diferentes entidades, este punto es fundamental para comprender dinámicas y contextos de las zonas rurales del país, así como sus necesidades para generar estrategias de inclusión financiera que sean acordes a esas problemáticas. De ahí que sea fundamental el trabajo mancomunado entre organizaciones interesadas en la inclusión financiera desde distintos sectores económicos: financiero con la banca tradicional y las microfinancieras, así como el social y solidario. Este último quizás, sea el punto de partida para apoyar las acciones que se desarrollan en esta columna.

Te invitamos a que leas la columna completa que escribimos para Redcamif sobre este tema.

Ingresa al siguiente enlace y conoce más

---

Para leer el artículo en inglés

Ingresa aquí

Sobre REDCAMIF

La Red Centroamericana y del Caribe de Microfinanzas (REDCAMIF) es una red regional que promueve la inclusión financiera a través del desarrollo de programas, proyectos y servicios que buscan fortalecer las competencias, eficiencia y resiliencia de las Instituciones proveedoras de servicios financieros y no financieros para el desarrollo económico y social del sector de la micro y pequeña empresa (MYPE) urbana y rural.

En la Fundación WWB Colombia te invitamos a formar parte de nuestra comunidad y recibir información sobre noticias, publicaciones y boletines emitidos por nosotros en este enlace: https://www.fundacionwwbcolombia.org/suscribete/